La Judicialización del Derecho a la Salud

Un sistema de salud en el que los conflictos se resuelven por la vía judicial, es un sistema ineficaz e inequitativo; ineficaz porque no cumple su obligación de brindar el acceso a los servicios de salud en su forma más amplia, e inequitativo, porque no todas las personas cuentan con los recursos para llevar sus casos ante los tribunales.


El Estado mexicano, tiene obligaciones precisas respecto al derecho a la salud y el cumplimiento de dichas obligaciones, puede ser exigido por los titulares del derecho. Asimismo, el Estado tiene la obligación de que exista la posibilidad real de reclamar ante un juez el cumplimiento de las obligaciones derivadas del derecho, es decir, el acceso a la justicia.


Cuando nos referimos a la judicialización del derecho a la salud, en términos concretos estamos hablando de llevar ante los tribunales, situaciones que no pudieron resolverse a través de los mecanismos o políticas del sistema de salud. Es decir, estamos refiriéndonos a un conflicto de una persona o grupo de personas frente a la autoridad.


Un sistema de salud en el que los conflictos se resuelven por la vía judicial, es un sistema ineficaz e inequitativo; ineficaz porque no cumple su obligación de brindar el acceso a los servicios de salud en su forma más amplia, e inequitativo, porque no todas las personas cuentan con los recursos para llevar sus casos ante los tribunales.


De acuerdo con el artículo 103º constitucional, corresponde los Tribunales de la Federación resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos por la propia Constitución y los tratados internacionales.


El mecanismo para reclamar los actos u omisiones del Estado respecto de las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, es a través del juicio de amparo, según lo establece el artículo 107 constitucional.


El juicio de amparo da inicio por la parte agraviada, titular de un derecho y que alegue actos u omisiones de la autoridad que violen el ejercicio de sus derechos. Es decir, cualquier persona que considere que ha sufrido violaciones relacionadas con el adecuado ejercicio de su derecho a la salud puede iniciar un juicio de amparo. En cuanto a la tutela del derecho a la salud mediante el juicio de amparo, la Corte ha señalado que los actos y normas reclamados deben tener la posibilidad de ser remediables por este mecanismo, esto es, que exista la posibilidad de corregir la afectación reclamada.


De acuerdo con la Ley de Amparo, la demanda de amparo debe presentarse ante el juez que tenga competencia en el lugar donde se haya llevado a cabo la violación del derecho a la salud. Los quejosos pueden presentar la demanda de amparo ante los tribunales federales, ya sean los juzgados de distrito o ante los tribunales unitarios. El juicio de amparo puede presentarse por escrito, mediante comparecencia, o incluso en medios electrónicos en cualquier día y hora.


La demanda de amparo contra actos u omisiones de la autoridad, debe incluir al menos:

• Nombre y domicilio del quejoso

• Autoridad o autoridades responsables

• La norma, acto u omisión que se reclame de cada autoridad

• Descripción de los hechos reclamados


El juez que admita a trámite la demanda, solicitará a las autoridades responsables del acto reclamado que rindan sus informes y fijará la audiencia constitucional para el desahogo de pruebas y presentación de alegatos. Una vez que el juez haya analizado y revisado el caso, procederá a dictar sentencia; la sentencia que se emita a partir del juicio de amparo se ocupará de la protección de las personas demandantes y debe contener, entre otros:


• La fijación clara y precisa del acto reclamado

• El análisis sistemático de todos los conceptos de violación o agravios

• La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio

• Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer

• Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho


Como resultado de la sentencia, el juez puede declarar la incompetencia del tribunal, sobreseer el caso, conceder el amparo o negarlo. En caso de que se considere procedente conceder el amparo, se restituirá al quejoso el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; o en su caso, se obligará a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate.


Cabe señalar que la normatividad en materia de amparo fue objeto de reformas y modificaciones para adaptarse a las reformas en materia de derechos humanos llevadas a cabo en 2011. En este sentido, mediante el juicio de amparo quedan cubiertos los derechos reconocidos en la Constitución y aquellos reconocidos en los tratados internacionales. Un cambio sustancial, es que con anterioridad a dichas reformas, el quejoso o individuo estaba obligado a demostrar interés jurídico del agravio respecto de una norma o de la actuación de la autoridad; con las nuevas reglas, el juicio de amparo puede apelar a un interés legítimo por la violación de un derecho fundamental, y no necesariamente una afectación individual o subjetiva de una norma o por la omisión de alguna autoridad. Si enmarcamos estas condiciones en las obligaciones del Estado, podemos decir que el juicio de amparo no solo atiende la obligación de respetar o garantizar el cumplimiento de una norma, sino que también puede incorporar la obligación de promover o proteger, al requerir la intervención o actuación estatal frente a la falta de acción de las autoridades.


Las reformas y modificaciones en materia de derechos humanos y del juicio de amparo, han dado impulso a la sociedad para acudir ante el Poder Judicial para exigir, en el caso que nos ocupa, la efectividad del derecho a la salud. El número de casos para reclamar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derecho a la salud ha ido en aumento, y aunque no siempre parece prevalecer la interpretación más favorable de protección a la persona, se han logrado avances importantes.


Fragmento del Cápitulo 5 del Estudio Derecho a la Salud en México realizado por Central Ciudadano y Consumidor - Nov 2019

http://centralcyc.mx/estudio-sobre-derecho-a-la-salud-en-mexico/

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